Hay que partir de una verdad física y metafísica: en España, la casta política, no vive para la política sino de la política; tanto el gobierno como la oposición: ¡lo mismo da  que da lo mismo!. De ahí que, una vez dentro del gallinero que llamamos parlamento, y que no representa a la sociedad española sino a ellos mismos, lo primero que están haciendo es agenciarse todo el dinero que pueden para su grupo o sus grupos. Las migajas quedarán, si quedan, para la sociedad española. España, pues, se ha convertido en un corral: en el corral de Europa.

La situación es la misma que hace siglos: se viene repitiendo de generación en generación en que el dinero de la sociedad esté en manos de unos pocos y la mayoría no tiene derecho a nada o casi nada: ni siquiera a su propio dinero que es su propio esfuerzo; si no se tiene ningún derecho económico es porque no se tiene, o no se ha tenido, ni derechos sociales ni naturales. La descripción es fácil de hacer: si existe una sociedad empobrecida y no existe inflación preocupante es porque el dinero está en alguna parte; y esa parte es ese “sector” de la sociedad que está por encima del “otro sector” de la sociedad que está por debajo; es decir, que el dinero está en manos de unos pocos, que son los ciudadanos de primera.

Hay que partir de que esa parte de la sociedad que está por encima de la gran mayoría social “devora” el presupuesto de la nación con una alegría que deja estupefactos a los más derrochadores; son millones los que desaparecen del circuito social y, repito, no porque exista inflación y haya que controlarla sino porque quieren llevárselo y seguir teniendo el mismo nivel de vida que han tenido siempre.

Es, prácticamente, una situación medieval: una inmensa mayoría social, empobreciéndose día a día, trabajando para unos pocos que día a día son cada vez más ricos; riqueza no ganada con trabajo sino por las prebendas que el propio sistema les concede: igual da que sean (falsos) sindicalistas que (falsos) empresarios que (falsos) funcionarios: es este sistema de poder-súbdito el que permite estas desigualdades; igual da la ideología: sólo importa el que los ciudadanos de primera vivan bien a costa de los ciudadanos de segunda.

Ya dijimos en anteriores veces cómo funciona el sistema medieval en que nos movemos: de arriba abajo. Existen unos “partidos políticos” dominados por un conciliábulo que es quien decide todo: lo primero que decide es poner en la lista a los más fieles a la ideología; el objetivo fundamental no es que estos salgan elegidos, sino que el partido salga elegido, es decir la ideología: después dichos elegidos pasan a ser nombrados, pues no existe diferencia ninguna entre elegido y nombrado, aunque no tengan título ninguno, ni hayan hecho nada en su vida; es más, sin duda por eso son elegidos-nombrados: por su grado de obediencia.

Una vez que el partido ha “salido” en las urnas, son nombrados todos los de la lista, y más, en los distintos puestos con objeto de “llevar la ideología”, como si fuera un evangelio, a la sociedad: como se ve, la sociedad, y en cuanto sociedad, se considera “menor de edad”, es por ello que hay que “salir” de ella. Veamos por qué.

Los nombrados en los distintos puestos de la “administración” lo son para “controlar” la sociedad, cuyos ciudadanos son de segunda clase, y es a ésta a la que se le piden los esfuerzos y, digámoslo claramente, se les dan leyes que o no se aplican o no existen para los ciudadanos de primera. Este es el primer gran error de nuestra sociedad: las leyes no son iguales para todos porque no todos somos iguales. Como consecuencia de esta situación jurídica y legal, a los ciudadanos de segunda se le pide, exige e imponen todos los impuestos habidos y por haber. “Es verdad” que los ciudadanos de primera también pagan impuestos, pero previamente se suben el salario y así pagan el impuesto que sea, pues su salario no nace de su esfuerzo sino se su “estatus”: porque son ciudadanos de primera. Podríamos perfectamente quitarles los impuestos, pues no responden ni al principio de equidad ni al de proporcionalidad: no responden a nada, sólo a quedar bien ante una opinión pública que, además y generalmente, tienen controlada. ¿Alguien se imagina a algún noble o a algún Obispo del Antiguo Régimen pagando impuestos? Pues esto es lo que está ocurriendo en España desde que Donoso Cortés diseñó este sistema.

Así, estos personajes de primera clase, tienen sus “gastos” y su “nivel de vida”, al que no pueden renunciar: por eso, cuando “hay dinero” son ellos los primeros que lo devoran, y las migajas quedan para los ciudadanos de segunda. Cuando había época de “bonanza”, esas migajas eran “buenos mendrugos”, aunque duros; pero ahora que hay “crisis”, aunque consecuencia de este sistema en que ellos mandan, y no llegan los mendrugos a la sociedad, se aplica la “ley” para que no haya revueltas y se nos recuerde que somos “ciudadanos de segunda clase”. Así pues, en estos momentos críticos, en que la clase alta tiene que devorar el dinero para mantener su nivel de vida, se “aplican” las leyes para recordarnos que somos de segunda clase y que no se nos ocurra sublevarnos.

Si nos aprieta la crisis y el poco dinero no nos llega se nos pide resignación y lo que está haciendo el Señor Montoro, en nombre tanto del PP como de toda la patulea de la clase alta, para acallar a la propia sociedad es, simplemente, aplicar el dicho del Marqués de Foulon: “Si tienen hambre que coman hierba…. ¡Paciencia!, cuando yo sea ministro les haré comer paja; mis caballos la comen…” Sin duda esta frase resume perfectamente el programa electoral del PP.

Antonio Fidalgo
Secretario de Ideología del CDS

La palabra “laico” (“laos = pueblo”) surgió en la antigüedad romana para denunciar la radical diferencia entre unos hombres y otros, reivindicando la plena igualdad de todos; es verdad que en un sentido religioso, puesto que Dios así nos había creado. Esto no le pareció bien a los poderes religiosos de Roma que aceptaban que por “naturaleza” unos hombres estaban por encima de otros. Los dioses también estaban sometidos a esa naturaleza.

Así pues el laicismo de aquella época significó un cambio revolucionario al reivindicar la “igualdad” de todos los hombres, sin distinción de ningún tipo; e igualmente las mujeres, las cuales estaban “hechas” de la misma carne que el hombre.

Tuvieron que pasar muchos siglos para que se le diera la vuelta a la tortilla, y la palabra laico, que en un principio significaba “igualdad”, pasase a significar “desigualdad”: ¡paradojas de la historia!

La crítica que hace Cassirer a Rousseau es muy significativa, y puede servirnos para reivindicar esa igualdad, perdida al menos en España, de todos. Rousseau nos dice que hemos de “salir” del estado natural, donde todo es pecado y maldad y “entrar”, mediante un pacto o contrato, en un “nuevo estado” que nos dará la paz y la felicidad. Por supuesto, los que entran en este nueva situación están sobre  los que no entran; es más, una persona antes de estar en su “nuevo estado bienaventurado”, ha estado en su estado pecaminoso; más aún, el hecho de “nacer” es hacerlo en el “mal”, y sólo ese “pacto”, ese “bautismo”, nos permite salir de ese estado natural y entrar en el reino de los bienaventurados. Los que jamás entran en ese “estado bienaventurado” no tendrán “derecho” (privilegios) a nada, pues el “derecho natural” es el propio pecado original. Rousseau, así, hace suyas las ideas de Jansenio para quien el “estado de naturaleza” era, y es, insuficiente para cualquier cosa.

Como quien habla es Rousseau, en vez de Jansenio, se llama “laicismo” a esa filosofía. Así, la palabra laicismo, pasada por el tamiz de Rousseau, pasa a significar lo contrario de lo que significó en su origen. Si hace dos mil años denunció la desigualdad, a partir del siglo XVIII consagra dicha desigualdad.

Bien, pues este es el sistema que tenemos instaurado en España desde que nuestro Donoso Cortés dijera que había “poder” y “súbdito”: quien ha “entrado” en el “poder” es quien ha accedido a ese nuevo estado, y quien no ha entrado en el “poder” es el súbdito. Este súbdito es incapaz de hacer nada, pues su estatus así se lo impone, y necesita ser guiado por quien está en el poder, que al estar revestido por haber entrado en el nuevo estado está en condiciones de guiar, liderar y conducir a quien está fuera del nuevo estado: al súbdito.

Con este telón de fondo nos encontramos en España con que “aquellos” que han accedido, mediante el bautismo juramentado, a ese nuevo estado contractual, son los que están llevando la “política española”: es por ello por lo que están al margen de la propia realidad social, a la que consideran inferior e insuficiente; pero ellos se permiten hablar de lo divino y humano al margen de los problemas sociales: desde “el derecho a decidir” (que es su propio derecho a decir, y decidir, bobadas) hasta los líos de bragueta de los dirigentes. El hecho es que a los que están fuera de esa realidad nueva se les suben los impuestos y se les trata como siervos que, según ese sistema roussoniano, es lo que son. Los siervos no decidirán nunca nada, así que el derecho a decidir queda en, y para, sus conciliábulos asamblearios, pues aún no hemos superado, por desgracia, el “cuius regio”, donde se consagraba esta división.

Consideramos trascendental que en España desaparezca esta división; todos somos iguales, porque nacemos iguales, y en ese nacimiento están los derechos que no se pueden negar a nadie, ni se pueden negar porque algunos españoles accedan a un estatus superior.

Lo que una persona haga debe de ser reconocido en su currículo por las personas competentes, y deben desaparecer todos los tribunales especiales que anulan el propio esfuerzo de las personas. Todos conocemos personas que, siendo licenciadas en algunas materias, están en el paro, mientras que otras personas, que han jurado este estatus, están trabajando en Ayuntamientos o de consejeros áulicos de nada y tienen, o no tienen, títulos de nada. El juramento no puede ser lo que marca la diferencia entre unos españoles y otros.

Pero ahí no acaba la cosa: se dice que lo “público” es lo que nace de ese juramento, y los que están en el “estado natural” están en lo privado. Así pues con estas condiciones, lo público no es lo de todos, sino lo de una parte: los que juran. Las consecuencias son las que tenemos, pero la más importante es la económica, sobre todo lo referido al déficit público. Al margen de los lugares comunes que todos hemos vivido, de que “déficit siempre tiene que haber pues es lo público”, ya hay un supuesto fundamental: que lo público no es lo de todos, o mejor, que la palabra “todos” no significa a toda la población sino sólo a una parte: los juramentados.

Otro de los lugares comunes es que lo “público es lo honrado, lo justo, etc.” y los que no están ahí pueden cometer hechos reprobables, pues su estado de naturaleza le impide la honradez y la justicia: de ahí que cuando reivindicamos lo público lo hacemos con más ahínco debido a que inyectamos esa carga moral: pensemos en la sanidad y en la educación.

Si obviamos esa diferencia, y hacemos que lo público sea lo de todos, expresado en el parlamento (y Ayuntamientos), ya no haremos esa diferencia entre unos y otros, los juramentados y los no-juramentados, sino lo contrario. Haremos la “diferencia democrática” de elegidos y nombrados: ambos naciendo del “todos”  de la sociedad; los elegidos serán por cuatro años, sin prebenda ninguna, sólo la que le otorgue el sistema representativo; y los demás serán nombrados, en cargos públicos, o sea de todos, pero con currículo, o sea con el esfuerzo hecho en su vida. Así, lo público no estará en contradicción con lo privado, sino que lo privado será una parte de lo público, pues forma parte de él.

Estoy convencido que, de esta forma, dejaremos de ver a licenciados de barrenderos en Ayuntamientos y a personas que no tienen título ninguno de secretarios en dichos Ayuntamientos o en otros organismos de tipo que fuere. Estoy también convencido que los elegidos dejarán de hablar del derecho a decidir, que no es más que un derecho a decidir de ellos mismo y sobre sus prebendas. Estoy convencido también que desaparecerán instituciones que no valen para nada, como Diputaciones provinciales y forales que pretenden reivindicar una historia de una región sin tener en cuenta a las personas reales.

Aparecerían instituciones representativas, paralelamente a los parlamentos, que sí tendrían sentido pues serían independientes, como asociaciones o sindicatos no vinculados a los “elegidos” sino a la propia sociedad, para defender los intereses de las personas reales, con lo que la “democracia” no estaría “atada” cuatro años, sino que se vivificaría cada día.

Estamos convencidos de que este sistema es posible, que se llama sistema democrático, y es lo que da prosperidad a países de nuestro entorno: y se basa en la igualdad radical de todos los españoles. Conseguir esta igualdad es el objetivo fundamental del CDS, y quizás por eso se ha perseguido con tanta saña a este partido y lo que significa.

Antonio Fidalgo
Secretario de Ideología del CDS

Son varias las voces que se oyen pidiendo una nueva Constitución porque esta que tenemos ahora nos ha traído todos los males que vivimos en estos momentos. Esta nueva Constitución tendría que ser engendrada y gestada en una “Asamblea Constituyente”: y ésta se ha convertido en la palabra mágica según la cual solucionaríamos todos nuestros males, y la cual sería como un nuevo “Pentecostés” que caería sobre nuestras cabezas iluminándonos para luego, cual misioneros, llevar el “nuevo evangelio” a la sociedad.
De nuevo está de fondo el “esquema” de poder-súbdito que diseñó nuestro Donoso Cortés; en este caso el poder sería la asamblea y el súbdito sería la propia sociedad.

Ha llovido lo suficiente para que sepamos que el sistema o método asambleario ha provocado más dolor, fundamentalmente entre los más débiles de la sociedad, que soluciones: de hecho no ha traído ninguna de las soluciones que han propuesto. Arrancan del supuesto de una asamblea reunida, la cual tiene la infusión del Espíritu Santo, y desde ahí van a la sociedad como evangelizadores llevando la buena nueva que se les ha ocurrido en la asamblea.

Quien no está de acuerdo con lo dicho en la asamblea es “excomulgado”; y los que no han ido a la asamblea, o bien porque no han querido o no han podido, tendrán que someterse a lo dicho en el cenáculo.

Así pues, la asamblea no tiene en cuenta a todos; y de hecho, la asamblea se convierte así en la que “dirige” al resto de la sociedad: se mantiene la separación entre asamblea y sociedad: la asamblea es el poder y la sociedad es el súbdito.

En la historia española, a dichas asambleas se le ha llamado “Juntas”, y los siglos XIX y XX han estado plagados de dichas Juntas o Asambleas. Como cada una recibía una “lengua de fuego del Espíritu Santo”, cada una interpretaba o creía que estaba en la verdad y la otra en el error: ese fue todo el siglo XIX y el XX. Así, la tragedia estaba servida, como no podía ser de otra forma.

Frente a este sistema, al que la crisis está sacando a relucir y muchos piensan que es la solución al sistema, nosotros seguimos proponiendo el parlamento como referencia última de la sociedad y como representación genuina de la misma. La crisis nos hace ver espejismos y uno de ellos es este sistema asambleario; pero es eso: un espejismo. No solucionará ningún  problema sino que los acrecentará, porque así lo ha hecho anteriormente, pues parte de la división hecha anteriormente.

Con un parlamento de hombres libres se arranca de otro supuesto radicalmente distinto: la igualdad de todos; no hay siervos ni amos. Cada cual, libremente, se puede asociar tanto en un partido político como en cualquier asociación del tipo que fuere. En cuanto partido político se puede presentar al parlamento a defender legalmente los intereses de sus representados. Pero al partir de la igualdad radical de todos los hombres, aquellos que no se quieran presentar no se verán privados de sus derechos ni tendrán que defender su inocencia, como ocurre ahora.
Cualquier asociación estará sometida al parlamento y a sus leyes y no como ocurre ahora que es al revés (léase el caso de las eléctricas o de los bancos, etc) donde los plutócratas que controlan a los partidos piden obediencia a los “parlamentarios”, y dichos plutócratas son los “consejeros” de dichas “asociaciones”, y de esta forma no están sometidos al parlamento, pues ellos han “surgido” de una “asamblea”.

El parlamento consiste en “dar la vuelta a la tortilla”, haciendo que las asambleas sean ámbitos privados, pues lo “público” es el parlamento en sí. Si partimos de que lo público es lo de todos, entonces nadie está excluido, tanto si busca la representación en el parlamento como si no. Si ponemos lo público en la asamblea, ya estamos excluyendo a aquellos que no vayan a las asambleas, con lo que continuaríamos lo que ha ocurrido, y está ocurriendo, en nuestra España.

Un caso claro de esta situación es lo que está pasando en Cataluña ahora mismo: al no ser lo público lo de todos sino lo de una parte, una parte de esta parte dice que no quiere estar en el todo. Como nacen de una asamblea, ellos mismos están cayendo en lo que critican y volverán a hacer una división en la sociedad: los que proponen el soberanismo son el poder y el resto los súbditos. O sea, que proponen lo mismo que ya está: no sé si para ese viaje necesitan alforjas, pero me temo que no.

Es mejor que en Cataluña luchen por un parlamento de hombres libres, que no lo hay, y junto con Cataluña en toda España: quizás así nos empiecen a hacer caso en Europa. Parece ser que en una asamblea, una lengua del Espíritu Santo, les ha dicho que el derecho a decidir es algo propio de un territorio, o de una nación; pero eso es porque están llenos de mosto. Los derechos son propios de las personas, y no de los terruños, y las personas se expresan en parlamentos: lo otro son asambleas, y las asambleas nos llevan al monte.

Quizás ahora es cuando sí tengamos que decidir entre el monte y el parlamento o parlamentos, y dejarnos de revelacionismos que no nos llevan a ninguna parte salvo a aumentar los problemas, y lo que necesitamos ahora es solucionarlos entre todos pero en un parlamento de hombres libres, producto de la igualdad de todos.

Antonio Fidalgo
Secretario de Ideología del CDS

“Veinte frailes de la inquisición controlan todos mis reinos”. Felipe II

Sin duda la expresión acuñada por Unamuno es la que mejor expresa lo que está pasando en España y el por qué no podemos salir de este atolladero en el que estamos, mientras no desterremos la desigualdad. Hemos aceptado el sistema que nos viene de antiguo y que ha consagrado el que haya unos españoles por encima de otros. En la actualidad, esta desigualdad la perpetuamos al no distinguir entre “elegido” y “nombrado”, es decir, que pensamos que uno y otro son lo mismo, y que, por lo tanto, ambos tienen que emanar del partido.

Veamos cómo funciona el “sistema”.

Imaginemos, para explicar la situación, que un partido político presenta una lista de 200 nombres para las elecciones generales, pues la ley le “obliga” a presentar dichos nombres. Podrían ser muchos más, pero está limitado por la propia ley. Como no hay listas abiertas, sino que la lista es la que propone el partido, ocurre lo siguiente:

Una vez que se ha hecho el recuento de los votos y el partido se proclama vencedor absoluto “por cuatro años”, las personas de la lista hacen dejación de su libertad personal y se ofrecen al partido, el cual actúa de la siguiente manera: a partir del número 5, por ejemplo, los que han sido “elegidos” en las listas cerradas, abandonan dicha “elección”, y son “nombrados” por el partido para ser Directores Generales, o Secretarios de Estado, o Subsecretarios de Estado, o cualquier otro cargo que sea de “nombramiento”.

Ojo, que no estamos hablando de los “asesores”, los cuales salen no de la lista que se presentó para las elecciones, sino de los múltiples afiliados que desde los 18 años están en el partido y que no han estudiado nada y por lo tanto no saben nada: pero están para rellenar la multitud de “sacristanías” que existen en España. Pero dejemos a estos asesores, que en otro momento hemos llamado “aplaudidores”.

Los que han dejado la lista de elegidos, que lo fueron en listas cerradas, y pasan a ocupar cualquier puesto de nombrado, actúan en “nombre” del partido, no para solucionar los problemas de su departamento sino para llevar la ideología del partido a dicho departamento. Así se ha ido pergeñando una España al margen y ajena a los intereses de la mayoría de los españoles: como éstos, en su mayoría, son “ciudadanos de segunda” (no es que se les trata como a ciudadanos de segunda, sino que son – somos – ciudadanos de segunda en virtud de los presupuestos morales y políticos que caracteriza nuestro régimen), no pueden decir nada. Los nombrados por el partido gobernante son los encargados de custodiar y vigilar a dichas personas de segunda clase.

Los ejemplos que se pueden poner son infinitos y seguro que cada uno de nosotros tenemos un ejemplo que poner. Imaginemos, por ejemplo, un Director Provincial de Tráfico; pongamos un hecho real, que a muchas personas les pasa: que un coche patrulla de la Guardia Civil le ponga, por equivocación, una multa sin haber señal de tráfico. El Director de Tráfico no enmienda el error, sino que lo perpetúa hasta llegar al juzgado, pues el objetivo de dicho Director no es “arreglar” errores sino “cobrar dinero”: no puede “recaudar” pues eso sería ilegal, ya que para eso está la agencia tributaria (frente a la cual está otro Director Provincial, “nombrado” a tal efecto), así que a través de ese procedimiento “cobran” más dinero para las arcas del Estado, dinero que nunca van a ver los ciudadanos de segunda clase, a los cuales se les esquilma.

En el juzgado, por seguir con el ejemplo, no se le dice que es “inocente” sino que tiene que “probar su inocencia”: es decir, es lo contrario al “estado de derecho” en una democracia, en donde hay que “probar” la culpabilidad;  pero ¿quién ha dicho que estemos en una democracia?

Pasemos a otro ejemplo: la educación. Si una persona que ha dejado las listas de “elegido”, y es “nombrado” Director de Educación, tiene por objeto  no preocuparse de la educación y de sus problemas, sino de llevar la ideología del partido a ese ámbito. Así ya puede haber los problemas que hubiere, que jamás se cesará a nadie ni se le pedirá explicaciones. Conozco una directora de un colegio que está procesada por lo penal, pero no se la ha cesado porque está “puesta” por un Director Provincial. Dicha directora, en este caso, no iba en las listas electorales. Pero sirve de ejemplo de la “cascada” de nombramientos de “arriba abajo” con objeto de rellenar este sistema.

Podemos rizar más el rizo; si surgieran algún tipo de asociaciones que pudieran “protestar”, en el ámbito que fuere, se investiga a ver de qué ideología es dicha asociación, y al presidente de dicha asociación se le “ofrece” la posibilidad de “ir en las listas” en las próximas elecciones; si acepta, se le ofrece un puesto en dichas listas, con la posibilidad de, si salen elegidos, poder “dejar” dicha elección para aceptar una “Dirección o Subdirección o Secretaría o Subsecretaría” con lo que volvemos a empezar; y si no acepta ir en las listas, el Director correspondiente de dicha área, es el “encargado”, con los monaguillos correspondientes, de hacerle la vida imposible a dicha asociación o plataforma, o lo que fuere.

Así pues, el sistema que tenemos es piramidal de “arriba abajo”, con el objeto de “controlar” a la sociedad. Tanto los elegidos como los nombrados forman parte de los ciudadanos de primera y se les conceden todas las prebendas que este sistema feudal moderno puede darles. Por supuesto, por encima de dichas personas están los plutócratas que controlan el partido, y desde ahí, controlan el parlamento, el senado, la justicia, etc.

No hacen falta los “veinte frailes de la inquisición”, sino con un cenáculo de varias personas, unos buenos ordenadores y el “nivel obediencial” que se ha conseguido en la sociedad española (no olvidemos a Donoso Cortés, que identifica la obediencia con la libertad: ¡a más obediencia, más libertad!…), la época de Felipe II y su inquisición son una broma comparado con esta situación de ahora.

Sin duda existen muchísimos más flecos; otro fundamental es el de los alcaldes y concejales cuya función, dentro del sistema, no es el de representar a los habitantes de su municipio sino el de controlar, vigilar y avisar a los responsables del partido de lo que pudiera ocurrir en el municipio, no en el sentido de plantear políticas y detectar problemas vecinales, sino en el sentido de ver si surge otro partido político y otra asociación que pudiera hacer sombra al partido gobernante.

Es denigrante ver cómo la inmensa mayoría de nuestros representantes municipales van a instituciones no representativas como Diputaciones Provinciales a pedir dinero para sus municipios; los que están nombrados en dichas Diputaciones, les niegan el poco dinero que queda después de habérselo repartido para gastos del partido; y sin embargo, sí les piden informes de quién está organizando el partido de la oposición en el pueblo, o de qué asociación de vecinos puede haber en dicho municipio. Los alcaldes, timoratos ellos, les informan como si fueran niños pequeños ante el castigo de sus padres; pues, en definitiva, son funcionarios de inferior rango, y las personas de clases superiores, en un gesto de benevolencia les permiten tener cierta organización. Antes, a este sistema se le llamaba “Antiguo Régimen”.

Así pues, los partidos actuales son los guardianes de la ortodoxia y de ellos nacen todos los que controlan a la sociedad: da igual que sean elegidos que nombrados, pues su función es la misma: mantener la separación entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y tener el “corral bien guardado” para que la mierda no manche mucho a los amos de la casa. Pues los ciudadanos de segunda son peores que los herejes.

Antonio Fidalgo
Secretario de Ideología del CDS

“… entonces la sociedad entera se declara omnipotente. El poder público varía entonces de forma, pero no varía de naturaleza. La relación entre soberano y súbdito, que es la que constituye la naturaleza del poder, es siempre la misma: el primero, llámese asamblea o llámese caudillo, es omnipotente; llámese asamblea o llámese caudillo, absorbe a los individuos en su seno, sofoca la voluntad humana y proclama el imperio de la fuerza”. Donoso Cortés. Lecciones de Derecho Político, V.

“De estas observaciones resulta que la libertad hace posible al súbdito y la inteligencia hace posible el soberano; que el hombre manda porque está dotado de inteligencia y obedece porque está dotado de libertad, porque la libertad no es otra cosa que la facultad de obedecer” Donoso Cortés. Lecciones de Derecho Político VI

En todos los análisis de la crisis que estamos viviendo, dramática donde las hubiere, no he oído a nadie criticar al sistema en el que vivimos. Un sistema que nos atenaza desde hace más de un siglo y diseñado por Donoso Cortés: exportado a toda Europa y justificador de todas las consecuencias desastrosas y trágicas que ha habido en nuestro continente en los dos últimos siglos. Si a esto le unimos que la Europa a la que fue exportado este sistema era la Europa de Westfalia, donde mandaban los príncipes y los súbditos obedecían, basta para que entendamos por qué cuajó tan bien nuestro Donoso Cortés y el por qué de todas las grandes tragedias.

En España no existía esta división en naciones, y el sistema diseñado por Donoso Cortés se aplicó a toda España como una nación. En este sistema nos hemos movido durante los dos últimos siglos y, tanto a nosotros como a nuestros antepasados, también les ha causado muchísimas tragedias: la última es la situación en la que estamos viviendo, con casi seis millones de parados, aparte los mileuristas y jubilados con pensiones mínimas.

Todo el mundo nos quejamos, pero las soluciones que se dan se hacen dentro de este esquema, con lo que no son solución sino continuación del problema: a nadie he oído decir que el sistema está mal, dando a entender que lo que está mal es su aplicación: de esta forma, el problema se agrandará aún más si cabe. Y la pseudo solución del rescate, simplemente aumentará la diferencia entre clases sociales: en el lenguaje de Donoso, entre poder y súbdito.

Uno de los inicios a la solución del problema está en dejar de identificar obediencia con libertad, pues son contrarias; y en nuestro lenguaje las hemos hecho, paradójicamente, sinónimas. Previamente hemos sacralizado unas estructuras, que antes se llamaba Iglesia y que ahora se llaman Estado, pero que son lo mismo. Así, creemos que nuestra obediencia al Estado implica más libertad, dando a entender  que la “libertad”, nacida en nuestro estado natural, y previa a cualquier obediencia, nos dejaría en la situación de “súbditos”; por eso creemos que tenemos que abandonar nuestro estado natural para dejar de ser súbditos y alcanzar la verdadera libertad “obedeciendo” al Estado.

Pero esto no es más que una “obediencia jesuítica” del siglo de San Ignacio de Loyola trasladado a los siglos actuales, sólo que en vez de llamar Iglesia al poder que obedecemos, lo llamamos Estado. Y esta es la forma de consagrar la división de las personas, haciendo que haya “ciudadanos de primera”: aquellos que “entran” en el Estado; y “ciudadanos de segunda”: aquellos que no “entran”.

A los que “entran”, en el Estado, se les dan todas las prebendas, pues están llamados a mandar: en leguaje de Donoso, son la “inteligencia”; y, para alcanzar esa inteligencia tienen que “obedecer”. Esta es la paradoja de nuestra España; y lo que nos ata al fatalismo.

Aquellos que acabando unos estudios, con mucho esfuerzo, quieran “trabajar” se les pide que “renuncien” a su esfuerzo y a sus títulos, y “entren” en el Estado. Los que acabando los estudios no quieran “obedecer” tendrán que buscar trabajo en otras cosas o en otros países: ellos son “ciudadanos de segunda” al no haber jurado para “entrar” en el Estado. Pues, repito siguiendo a Donoso Cortés, sólo hay dos formas de “estar” en la sociedad: o como poder o como súbdito.

Son muchísimos los españoles que no han estudiado porque no han podido, y porque ellos han sido condenados a ser “ciudadanos de segunda”: ¡ni han tenido ni tienen ninguna posibilidad! Para ellos, sobre todo, está “abandonada toda esperanza”, simplemente porque son ciudadanos de segunda categoría.

La consecuencia más catastrófica de este sistema es identificar lo “público” con el “Estado”: “entrando” en el Estado se “entra” en lo público. Decimos que al Estado se “entra”: y ahí está el error. El verbo “entrar” se utiliza para acceder a un sitio o lugar “privado”: entramos en nuestra casa, o en casa de un amigo… y “salimos” a la plaza, o a la calle. Y, segundo error, contraponemos lo privado a lo público como si fueran contrarios; y no lo son. Lo privado no es lo contrario de lo público sino que son complementarios, es decir, son simplemente distintos. Lo privado es lo que es de cada uno, y lo público es donde, simplemente, se está.

Lo público es lo que es de todos, y lo privado es lo que es de una parte: cuando decimos que entramos, lo hacemos a una parte, aunque lo llamemos Estado. Así, en España, cuando entramos al Estado, lo estamos haciendo a un lugar privado; es decir, dejamos lo público y entramos en lo privado.

Aún el lenguaje nos confunde más, si cabe, cuando decimos que el Estado es lo público. Si el lugar donde hemos nacido, que es España, es lo público, y lo hemos abandonado para entrar en lo privado, ¿cómo es posible que digamos que “entramos” en algo público? Nacemos, o nos nacionalizamos, en un país, y por el hecho de nacer ya estamos en lo público: nos viene dado; no es ninguna opción.

Nosotros reivindicamos otro tipo de libertad: es la capacidad de optar, como algo previo a obedecer. Obedeciendo no se es libre (servo arbitrio); se es libre porque sí, antes de obedecer o no; y nosotros creemos que podemos crear unas estructuras sociales y políticas emanadas de esa libertad previa a la obediencia.

Las estructuras nacidas de la obediencia al Estado nos han traído toda esta situación, que es la misma que otras situaciones previas en nuestra España. Cualquier ideología, sea nacionalista o no, exige también una obediencia; como sólo se obedece a los principios, religiosos o no, la consecuencia es que ha surgido otro poder periférico que pretende hacerle sombra al poder central: pero ambos poderes tienen debajo al súbdito, a la inmensa mayoría de los españoles, que no están de acuerdo con los poderosos sino que se los soporta “fatalísticamente”, pues saben que sean unos u otros, la mayoría de los españoles son súbditos.

¿Por qué en España no vale para nada ni el currículo ni el esfuerzo de las personas, sino sólo la obediencia? ¿Por qué identificamos obediencia con libertad? ¿Por qué, además, esta obediencia se identifica con lo público? Son demasiadas preguntas difíciles de responder, pero si no rompemos este maleficio que nos legó Donoso Cortés, mal saldremos de esta crisis, o de otras que vengan; al igual que salimos mal de las que nos precedieron. Las ayudan que recibieron nuestros antepasados sirvieron para hacer más ricos a los ricos, al igual que ahora se están haciendo más ricos los más ricos: el súbdito ni ha contado ni cuenta para nada. Hemos vuelto a las plutocracias de otros tiempos, sólo que ahora con “ingeniera financiera”.

Pero no nos equivoquemos, el esquema es el diseñado por nuestro Donoso Cortés; con él, los ciudadanos de segunda, los súbditos, estamos bien aherrojados en el más hondo de los infiernos.

Antonio Fidalgo

Secretario de Ideología del CDS

Reunió entonces a todas sus compañeras, diciéndoles que la cola no sólo era un feo agregado, sino además una carga sin razón.

Pero una de ellas tomó la palabra y dijo:
– Oye hermana, si no fuera por tu conveniencia de ahora, ¿nos darías en realidad este consejo?

Esopo. Fábulas

Ya no sabe uno dónde buscar una metáfora que retrate mejor la dramática realidad española, donde el empobrecimiento es ya una realidad: cuando dijimos que la donación, ¡gratis et amore!, a la gran banca del 20 % del PIB, del esfuerzo de los españoles, era el inicio de dicho empobrecimiento, por desgracia no nos equivocamos; ahora se le da a la banca, prácticamente, todo el dinero que viene de Europa; pues estamos hablando del rescate de la banca, la cual nos ha hundido a los españoles; y como las reglas de juego democráticas no están claras, casi nada de ese dinero nos llegará a los españoles.

Nos preguntamos el por qué, y se nos ocurre una metáfora, que sin duda entenderá todo el mundo.

Imaginemos un pueblo con un aljibe lleno de agua, y con dos tuberías que van desde dicho aljibe hasta los grifos de los vecinos. El sistema bancario, en vez de colaborar para que las cañerías estén bien y que el agua llegue sin problema a los vecinos, en connivencia con el Alcalde de la localidad, ha hecho dos agujeros en cada cañería, o sea, cuatro agujeros, para que el agua caiga en cuatro cubos que han puesto debajo de dichos agujeros: el agua, de esta manera, apenas llega a los vecinos.

Los cubos han recogido 100.000 millones de €uros que, de forma más o menos ilegal, se han llevado a centro Europa, especialmente a Alemania, donde su sistema de cañerías es perfecto y no tiene ninguna fisura, con lo cual, desde sus aljibes llega el agua, perfectamente, a todos los ciudadanos. Así su sistema industrial, económico, educativo, sanitario, etc. funciona perfectamente.

Con el dinero recogido en los cubos de nuestras cañerías, estamos permitiendo que el sistema industrial de otros países funcione bien. Eso sin contar con las cuentas opacas en Lienstenstein, o en otros paraísos fiscales, de las cuales no sabremos nunca.

El “rescate”, pero que no se quiere llamar rescate, consiste en que 100.000 millones de €uros nos vengan de Europa a nuestro aljibe (curiosamente, el mismo dinero que se ha llevado por otros conductos ilícitos de España a Europa); es decir, que Europa nos llene el aljibe que se nos ha vaciado. Pero, a ninguno de nuestros apesebreados parlamentarios se les ha ocurrido “arreglar” las cañerías que van desde dicho aljibe hasta los grifos de los ciudadanos. Con lo cual, ya sabemos dónde va a ir a parar el nuevo dinero del “rescate”.

De nuevo, el agua/dinero se filtrará por los agujeros de las cañerías, que caerán en los cubos puestos a tal propósito debajo de dichos agujeros; los cuales cubos se llenarán y ese dinero irá otra vez para centro Europa (o donde sea), y el agua del aljibe lleno no llegará nunca a los ciudadanos, o llegará las migajas del poco agua que quede.

Esta es la misma película que hemos visto desde hace mucho tiempo, tanto en época de “dictadura” como en época de “democracia”: el dinero que nos vino de los americanos en la época de la “dictadura”, o desde Europa en la época de nuestra entrada en las estructuras de las comunidades europeas ya en la época de la “democracia”, llegó con cuentagotas a los ciudadanos, y para lo que sirvió fue para crear auténticas plutocracias que son las que nos han gobernado y nos gobiernan, tanto en un “régimen” como en otro.

A nadie, salvo al CDS, se le ha ocurrido pensar que lo que hay que cambiar es la “cañería” que lleva el agua desde el aljibe hasta los ciudadanos permitiendo, así, el surgimiento del tejido industrial y productivo. Dicho cambio de “cañerías” consiste en imponer unas reglas de juego democráticas, con las cuales juguemos todos en plan de igualdad, donde todos tengamos las mismas oportunidades.

Lo primero es redefinir la idea de lo público, en el sentido de que sea algo que emane del parlamento, y no de la ficción de representación que es el Estado; pues el Estado se ha convertido en algo privado manejado por los plutócratas que controlan a los partidos políticos que no son tales sino extensión de su deseos y caprichos.

Se oye que se quiere cambiar el aspecto administrativo de los Ayuntamientos y de los Parlamentos: uniendo varios Ayuntamientos, en el primer caso y reduciendo el número de diputados en el segundo, creyendo que al reducir la representación se reduce el “déficit público”. Pero hay que tener en cuenta que, aunque estén unidas, son realidades distintas.

Como lo llamado público no es tal, sino que es “privado”, han entrado a mangonear mucha gente dirigidos por las plutocracias que nos gobiernan; como lo han hecho mal, arruinándonos a todos (menos a los plutócratas, los cuales se han enriquecido más si cabe), han introducido un criterio económico que es el de “gestión”; y así, de esa forma mágica, creen que van a solucionar el problema, cuando ha sido su nefasta gestión lo que nos ha llevado a la ruina. Se pretende dar el cambiazo de la palabra “política” por la palabra “gestión”; y como ha habido todo ese mangoneo político-bancario, se cree que metiendo la palabra gestión y quitando la palabra político, se soluciona el problema, cuando es al revés.

Para empezar, se quiere dar más poder a las Diputaciones como nuevos “entes” de gestión, cuando no son elegidas sino que son un “nido” de personas de los partidos que nos ha arruinado; o sea, que habría que quitar diputaciones en vez de Ayuntamientos y Parlamentarios; y junto con las Diputaciones, todas las instituciones “inútiles” que no han servido nada más que para exprimir a los ciudadanos.

Las únicas instituciones legítimas, en democracia, son los Parlamentos y Ayuntamientos, y de ahí han de emanar todas las instituciones. Esa es la forma de “arreglar la cañería” para que el agua llegue a los ciudadanos: que los banqueros “jueguen” al juego democrático como intentamos jugar todos, y junto con ellos los plutócratas y los apesebreados que tienen en los grandes partidos políticos.

Ya hemos sido arruinados por la forma de actuar del Sr. Zapatero y ahora lo estamos siendo por la forma de actuar del Sr. Rajoy: amabas han reducido la política a “gestión”, creyendo cada uno que la gestión contraria es la nefasta: pero el problema es que todo lo han reducido a “macro-economía”, olvidándose del cada día, lo cual se expresa en las instituciones políticas de los Parlamentos y Ayuntamientos.

Como en la fábula de Esopo nos quieren hacer ver que como su “gestión” es nefasta es lo mejor que puede ocurrirnos a los demás: pero no cuela. Queremos instituciones democráticas, y no órganos de gestión.

Antonio Fidalgo Martín

Secretario de Ideología del CDS

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Siempre es buena cualquier excusa para poner en jaque tanto a la Monarquía, como a la República; y si hubiera otra forma de Estado también la pondríamos en duda, pues parece que hemos “ubicado” nuestros razonamientos políticos fuera de la realidad social. Creemos que los “fallos” prácticos en un sistema nos sirven para reivindicar y legitimar el modelo teórico contrario (o al menos distinto) del que existe, creyendo que al pensarlo teóricamente se nos solucionarían todos los males: pero esto no es silogismo, sino es magia.

En nuestro país y en nuestra historia reciente, en los dos últimos siglos, hemos tenido varias formas de Estado, y de ahí han emanado las distintas formas de gobierno: unas veces se ha llamado Monarquía, otras República, otras Dictadura, otras Regencia, otras Alternancia, pero siempre es el mismo esquema: un Estado al que ha de estar sometida la sociedad; el gobierno ha sido, y ha servido como una forma para “controlar” a la sociedad; una sociedad que nunca, en estos dos últimos siglos, ha sido libre ni ha podido manifestar su voluntad como ella quiere. En estos momentos, en los que se llama Alternancia, se le permite tener “partidos políticos”, pero siempre que acaten la “voluntad estatal”, y como un acto “gracioso” de dicho Estado.

En este contexto es igual tener Monarquía que República, pues ambas son formas de ese “Poder” frente al “súbdito” que es la sociedad. Es verdad que los Austria, cuando había Monarquía Absoluta, estaban siempre “rezando”; y que los Borbones andan en otros “gerundios” más privados; pero tanto en la Monarquía absoluta como en esta Monarquía Donosocortesiana, la sociedad no ha contado para nada.

Para los que reivindican la República, hemos de recordar que tanto la primera República como la segunda fueron también de corte “Donosocortesiano”; y así tenemos que D. Niceto, por ejemplo, en vez de un “Monarca Absoluto” era un “Republicano Absoluto”, que tenía como “pasante” al Sr. Azaña para ponerse en contacto con la sociedad española. De la primera Republica no diremos nada pues también acabó como el “rosario de la aurora”, en manos (o en los caballos) de  “generales pavías y pavones” que diría Unamuno.

Nosotros creemos y pensamos que los españoles, todos, nacemos libres, sin ningún condicionante; y no se nos ha de valorar en virtud a nuestra “relación”. Los españoles hacemos la sociedad y no al revés, y la hacemos con nuestro esfuerzo, cada uno con el suyo. Así debería ser, y ese esfuerzo debería plasmarse en la sociedad y sus instituciones. Pero no es así, precisamente por ese esquema social que tenemos en el cual las personas no son “libres” sino en cuanto sometidas a esta estructura.

En esta estructura, parece que lo importante es la “obediencia”, tanto al Estado como a los partidos, los cuales (tal y como están planteados) no son expresión de la sociedad sino que son un “brazo” del Estado, con lo que “todos” estamos sometidos al Estado, el cual es definido como “poder”. Para no “caer” en el anarquismo, nosotros proponemos que sea el parlamento, independiente del Estado, quien sea la expresión de la sociedad, y que sea dicho parlamento quien defina la realidad social y política de este país.

Dejaríamos, así, los nacionalismos y otras ideologías que nos están llevando al desastre; lo público sería definido por las personas que han hecho un esfuerzo en su vida, y no por la obediencia mostrada a un partido y al Estado. Esas personas que se han esforzado serían las que nos representaran en las instituciones democráticas por excelencia que son el parlamento y los parlamentos, y los Ayuntamientos; el resto de “instituciones” que no sirven para nada tendrían que desaparecer: así Diputaciones provinciales y forales, Senados, etc; es decir, instituciones que sirven para “esconder” a personas que nunca se han esforzado en su vida y que han “dado” mucho dinero a sus respectivos partidos, quitándoselo previamente a la sociedad.

No sé si lograremos un parlamento que sea realmente una cámara de representación de hombres libres, pero desde luego el problema no está ahora en si Monarquía o República, pensando en que una “república ideal” supliría y anularía los fastos, fallos y abusos de la Monarquía. Ya tenemos precedentes en nuestras “repúblicas ideales” anteriores, donde el “Delenda est Monarchia” acabó en el “¡esto no es!”, donde los abusos de los “Azañas” y “Don Nicetos” fueron equiparables a los de “la carne de gallina es barata”. Nuestro camino es el de la representación, el del parlamento y Ayuntamientos, y lo demás nos vendrá por añadidura.

Antonio Fidalgo Martín

Secretario de Ideología del CDS

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Sólo hay que mirar a nuestro alrededor para ver cómo es la vida que llevan millones de españoles, que a su vez es la misma que llevaban nuestros padres y nuestros abuelos, etc.  Personas para las que apenas existirá ninguna oportunidad y que estarán por “debajo” de otros compatriotas suyos, por más que trabajen. Son los españoles de segunda, a los que las circunstancias han “condenado”; pero unas “circunstancias” dadas por nosotros mismos; no unas circunstancias dadas por la naturaleza ni por ningún dios.

En la antigüedad era la naturaleza (divinizada) quien hacía esas distinciones; o bien en algunas religiones, también los “dioses” (o Dios) permitían que unas personas estuviesen por “encima” de otras. Pero los españoles no apelamos ni a la naturaleza ni a Dios para hacer que existan dos “clases”, sino que nos damos esta diferencia por un “acto de obediencia”; lo que nos permite que hayamos instaurado, desde hace siglo y medio, más o menos, en nuestra sociedad este estoicismo jurídico que nos atenaza y que nos hace no sólo no prosperar sino que impide, además, que se instaure un mínimo de justicia democrática en nuestro país: es la “sociedad obediencial”.

Decimos, o aceptamos teóricamente, que nacemos libres, pero nuestro sistema, el que nos hemos dado a nosotros mismos, hace que “renunciemos” a esa libertad para alcanzar un grado más alto de “beatitud”; y ese grado lo alcanzamos mediante ese acto de obediencia. Acto obediencial que nos permite que la mayoría de las cosas que hacemos no sirvan para nada, además de dividir la sociedad en ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Veamos.

Son dos las formas en que nos situamos ante la realidad social: o bien como individuos, o bien como sociedad. El nacimiento no hace esta distinción, sino que la hacemos nosotros; y decimos que el hecho de estar en sociedad es “superior” al hecho de estar en individualidad. A la individualidad la llamamos “estado natural” y a la sociabilidad accedemos poco menos que “huyendo” de la individualidad. A esa “cuasi-huida” la llamamos “pacto”, y el resultado es a lo que llamamos “público”; como consecuencia, lo que no es público, es privado; así, la individualidad es lo “privado” y la sociabilidad es lo “público”. Así pues, el nacimiento no nos da ningún derecho, sino todo lo contrario: nos hace, moralmente, malos; los derechos los da el “acceso a”. Lo público, en nuestra España, no es donde se nace, sino “a lo que se accede” y “cómo se accede”.

Dicho esto, y sin ánimo de ahondar más, le hemos añadido unas categorías morales: de lo privado nace el egoísmo, y todo el “mal” moral posible; y para aplacar dicho egoísmo está lo social que es lo bueno, lo justo, y a lo que llamamos “público”.

¡Cómo acceder a esto que llamamos público, que consideramos como “superior” a lo privado y que, a su vez, ha de gobernar y guiar a lo privado, es lo fundamental!

Puesto que se le considera, a lo público, como el “eje” inamovible gravitatorio de toda la realidad social, las personas que han de acceder a esa realidad secundaria y superior han de “renunciar” a su estatus primario mediante un acto juramentado; ahí se fundamentan las llamadas “oposiciones para acceder a lo público”. Una persona que se haya esforzado en su vida “privada” ha de renunciar a su esfuerzo, realizar el acto juramentado, y es entonces cuando está preparado para “guiar” a las otras personas que están en lo “privado”; ahí, dicha persona, alcanza un status superior puesto que es garante y guardián de lo “público”. Él mismo no es juzgado por  su esfuerzo, ya sea una carrera universitaria o cualquier otro estudio, sino que es juzgado por su obediencia a lo público, lo cual va a ser identificado con el “Estado”: como lo “público” es superior a lo “privado”, el Estado se va a considerar superior a lo privado que se identifica con la “sociedad”; la sociedad, pues, va a ser guiada por el Estado.

Las personas en cuanto que están en la sociedad van a ser “inferiores”, pues es lo privado; y en cuanto que están en el Estado, van a ser “superiores”, pues representan lo “público” que es lo mejor, lo justo, etc…

Así pues, para acceder a lo público, al Estado, se realiza un acto juramentado, por el cual uno “renuncia” a su individualidad y a su esfuerzo, y dicha renuncia le permite dirigir a los demás que están excluidos de esta dimensión; e inclusive decirles y aleccionarles sobre lo mal que es dicha individualidad.

Pero existe otra forma de acceder al Estado, que es identificado con lo público, y es a través de los partidos políticos; esta forma es criticada por el método anterior, pues se considera que los partidos políticos son una forma más de expresión de la individualidad. Quizás sea por ello por lo que son tan criticados; aunque razón no les falta para ser criticados, pero no por ser expresión de la sociedad sino por el método que utilizan para acceder al Estado.

¿Qué exigen los partidos políticos? Nada; sólo ser fieles al jefe de dicho partido; y esa fidelidad les lleva a “acceder” directamente a cualquier puesto del “Estado”; esa fidelidad también supone una ruptura con la individualidad, con la sociedad. Los partidos políticos tradicionales están planteados como un “método democrático” para acceder al Estado, y no son expresión de la sociedad en absoluto.

La consecuencia está en que en cualquier Ayuntamiento, Parlamento, o “cosa pública” tenemos a personas que han “jurado fidelidad”, o bien al “Estado” o bien al “Jefe”; y así se da la paradoja que un Alcalde, concejal, o parlamentario, sin título ninguno está cobrando un sueldo impresionante y “dirigiendo” a licenciados o doctores, que después de un esfuerzo en su vida cobran un salario basura; en un Ayuntamiento pequeño está el Alcalde cobrando 3.000 € mensuales más “visa oro”, y está de jardinero o de barrendero un licenciado.

Lo peor de todo es que tanto el Alcalde como el barrendero consideran la situación como “normal”, e imposible de cambiar, puesto que “así son las cosas”.

Es más, en cualquier ministerio o consejería, tenemos a un ministro, a un secretario de Estado o subsecretario sin título ninguno, al frente de licenciados o doctores: a todos los parece normal la situación, e “imposible de cambiar”.

Para rizar más el rizo, hay “fieles” de partido que están orgánicamente por encima de “fieles” del Estado; y algunos fieles estatales se “afilian” a partidos para así subir en el escalafón del Estado, porque así gestionan más y mejor la bondad estatal; y así subvencionarán mejor a la sociedad, a la que consideran “inferior”: creen que la doble fidelidad, les dará doble bondad.

Esta visión donosocortesiana que impera en España desde hace siglo y medio, más o menos y que, prácticamente, ha cristalizado ya en nuestras instituciones, está haciendo que muchos jóvenes se vayan de España, pues dichos jóvenes cada vez “obedecen” menos, ya sea a una ideología u otra, de corte nacionalista o estatalista. Ahora bien, he dicho que ha cristalizado y será difícil cambiar, pues muchos se “conforman con su suerte”: es lo que he llamado más arriba “estoicismo jurídico”, pues la “diferenciación” social nos la hemos dado nosotros a nosotros mismos.

Una forma de cambiar esta situación sería con la educación; pero, la educación es consecuencia de este sistema, y podemos decir que en estas circunstancias “no vale para nada”; a nosotros nos gustaría recuperar la idea tradicional: que el estudio sirviera de promoción social, es decir, que valiera para algo. Tendremos oportunidad de hablar de la educación en siguientes artículos; ahora sólo quiero añadir algunas líneas contextuadas en lo escrito más arriba.

Muchos recordamos cuando padres, rebosantes de pobreza consecuencia de este sistema, pedían ayuda para sus hijos para que estudiaran y salieran de ese fatal destino; generalmente era la Iglesia quien daba esa ayuda. Los hijos estudiaban pues se fijaban en la “suerte” de sus padres y querían salir de ese hoyo en el que el destino les había puesto.

El estudio era la única puerta que tenían para salir de la pobreza; ahora el estudio no tiene esa utilidad, pues saben que, estudien o no, va a ser ciudadanos de segunda; y sólo saldrán de esa “suerte” si “obedecen”, ya sea al Estado ya sea al Partido Político correspondiente; y por dicha obediencia llegarán a lo “público”, es decir, no a lo que es de todos sino a aquello a los que están destinados al “Poder”, a gobernar a los “súbditos”. Esta es la España obediencial que tenemos y que queremos.

Pero, no podemos permitir la “sangría” de millones de jóvenes que se han esforzado que vayan a otros países donde sí existe la igualdad por el hecho de ser personas y el hecho de haber nacido; sociedades democráticas que las personas son libres porque han nacido libres, y no por ningún acto obediencial.

Nosotros sostenemos la idea de la representación, pero eso será para otra ocasión en otro artículo; y nuestro problema será hacerlo llegar a todos los españoles y convencerlos de que sí es posible crear estructuras no fatalistas y al margen de esta visión “donosocortesiana” que nos ha llevado a que unos españoles estén por encima de otros, que haya españoles de primera y españoles de segunda.

La igualdad de todos es previa a cualquier opción de cada uno; la obediencia no nos da derechos, sino que los tenemos previamente por el hecho de haber nacido: ¡somos libres, porque hemos nacido libres!

Antonio Fidalgo

Secretario de Ideología del CDS

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¡Qué tiempos aquellos en que en España tomaban las decisiones los propios ciudadanos! Pero para eso tendríamos que volvernos a la época de las behetrías, donde los hombres libres decidían por sí mismos aquello que querían. Ahora, los tiempos han cambiado, y el “feudalismo religioso” inaugurado por Carlos V y continuado por Napoleón nos inunda nuestra vida social y política.

“¡En Génova es enterrado!”; podría ser el lema de lo que sigue pasando en España: Felipe II estaba empeñado en hacer su Santa Alianza Católica y eso llevó a nuestros antepasados a que toda la riqueza nacional, incluida la traída de América, fuese a parar a “Génova”; y Felipe González nos dice que “debemos comprar bonos europeos” para salir de la crisis pues son la solución a nuestros problemas, problemas creados por su política entre otros, con lo que, de nuevo, nuestra riqueza va a “Génova”; o se quiere que vaya a centro Europa, como en otras épocas.

 Ahora, en “Génova” tenemos un regente, cuyo guión ya tiene escrito. Debido al sistema electoral que tenemos, y dadas las dramáticas circunstancias que tenemos, más que un gobernante tenemos un “bailío”, pues no podemos aspirar a más.

Nos hemos empobrecido apoyando un sistema improductivo, donde lo importante ha sido la “obediencia” y no la eficacia y la productividad; y tenemos toda la “inteligencia” española sometida a dicho “acto de obediencia” propio de la edad media, más que a la racionalidad de las instituciones; hemos endiosado tanto al Estado que va a ser difícil apoyar a un sistema democrático. Ahora, el nuevo bailío cogerá a sus ayudantes de las estructuras del Estado obediencial; y los ayudantes del anterior regente pasarán a la estructura de dicho Estado, pues para eso han hecho el “acto de obediencia”: con lo que no sufrirán ni el paro ni los rigores de la sociedad civil, que está al margen de las estructuras del Estado: de nuevo la división entre Estado y Sociedad Civil. Será la propia sociedad civil quien siga cargando más y más el peso de la crisis, y estará al margen de lo que el nuevo bailío haga: las decisiones de éste serán para pedir más impuestos, cuyo peso recaerá sobre dicha sociedad civil, y no recaerán sobre los que han jurado fidelidad a dicho bailío.

Pero dada la estructura que se nos ha impuesto en España desde el sistema de Cánovas y Sagasta, es difícil que la situación cambie, por más que sea esta situación la que ha provocado esta crisis.

Que el sistema representativo democrático no existe, lo dice el CDS desde el año de su fundación, en 1982. Ahora, existen partidos que “engañan” a sus votantes, en concreto la Señora Rosa Díez, que se presenta como “regeneradora” de la izquierda y de la sociedad toda: cuando el CDS pedía el cambio de la ley electoral ella era diputada por y con el PSOE,  no cambió la ley en la que ella vivía muy apesebreada. Ahora que ella ha presentado el proyecto socialista con otro nombre, y sus votos no se representan en este “parlamento dirigido”, se queja de lo mismo que se quejaba el CDS, con la diferencia que su partido se negó a dicho cambio electoral; además, ¿para qué quiere más representación si ya la izquierda está “representada” suficientemente?

Falta la representación del centro; pero claro está, nosotros pedimos el cambio de la ley electoral porque pedimos el cambio de sistema, de una “cámara de representación de gobernados” queremos un “parlamento de hombres libres”, y eso, ni ella ni nadie está dispuesto a concederlo; y mucho menos el nuevo bailío, cuyo único interés está en salvar los muebles para que no se los lleve la Señora Merkel y el Señor Sarkozy. La sociedad española es quien lo tiene difícil, no el nuevo bailío ni sus funcionarios, ni los funcionarios de la “oposición”, que ahora dejan de gobernar y en virtud de su “acto obediencial” pasan a ocupar sus “puestos” para los que fueron nombrados: ¡los siervos trabajarán para ellos!

El CDS, al que no se le ha dejado de nuevo presentarse a las elecciones democráticas (¿?), es el primer indignado de esta situación. Estamos dispuestos a hacer del parlamento una cámara de representación de hombres libres, donde todos tengan que someterse a la ley, sin excepciones. Desde el CDS creemos que las ideologías, y su alternancia, sólo han servido para crear más pobreza, volviendo a estructuras medievales donde los ricos son más ricos y los pobres más pobres; además, un sistema de ideologías no se somete a la ley, sino que ésta ha de estar sometida a sus caprichos y sus intereses.

Sólo un sistema basado en la ley y que sea expresión de la voluntad de los ciudadanos, al margen de redentorismos y regeneracionismos, es además expresión de la madurez de dicha sociedad: es a la ley a quien tenemos que someternos y no a las ideologías ni a los caprichos de quien las dicta.

Antonio Fidalgo

Secretario de Ideología del CDS

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Constitución Española. Artículo 26.

 Adentrarse en la realidad moral española siempre ha sido difícil, y cuando se ha pretendido explicar la situación de España, en el momento que fuere, siempre se ha fallado o se ha hecho de forma insuficiente: la realidad ha ido por un lado y la interpretación por otro. Nunca se ha hecho, creo yo, la epojé que permita analizar la realidad del momento en sí misma sin compararla con otros momentos, sobre todo los actuales, los cuales sirven para “proyectar” sobre los momentos pasados la propia ideología de cada uno.

España sigue moviéndose en la ideología y ésta ha servido, y sirve, de categoría para interpretar cualquier situación del pasado como sirve, también, para mover moralmente las situaciones sociales del momento actual. Es esta ideología la que nos impide ver la propia realidad de las cosas, y es esta ideología la que queremos que prime sobre cualquier otra realidad, aunque aplaste o anule dicha realidad. La ideología es la que “manda” y a la que se someten todas las instituciones aunque para ello tengan que dejar de ser instituciones.

Los ejemplos son muchísimos en nuestra España actual, pero valga uno como el más significativo que además de ser muy importante es paradigmático de la situación de confusión por la que estamos pasando en la actualidad: es la educación; a la cual, además, apelan todos (apelamos todos) como cimiento para superar esta situación por la que atraviesa nuestra sociedad y para crear la prosperidad de una sociedad en la que convivan nuestros hijos. Además la situación creada en la propia educación sirve para “explicar” el por qué no podemos superar dicha situación.

En la España actual “conviven” dos perspectivas contradictorias, en lo referido a la educación; pero además se confunden dos niveles de la moral que son el “ser”, la propia realidad, y el “deber ser”, aquello que nos mueve para cambiar la propia sociedad y mejorarla. Las dos perspectivas se refieren a lo “público” donde, al no tener claro qué es lo público, se han hecho dos tipos de educación: una llamada pública y otra privada o concertada; añadámosle además que “proyectamos” sobre la educación nuestro propio “deber ser”, es decir, cómo creemos que debería ser la educación y para qué debería servir.

Al carecer de elementos racionales para analizar la situación y la institución, “proyectamos” nuestra propia ideología sobre la situación pero de una forma confusa; así nos manifestamos a favor de una enseñanza “pública” porque creemos que es la mejor, y decimos que la “culpa” de toda la dramática situación en que estamos inmersos es la concertada; o bien, hacemos un juicio al revés: como apelamos a la “libertad” de elección de los padres, nos manifestamos a favor de la educación concertada, y sobre la “pública” decimos, con cierto desdén, que es el “resto” que debe quedar para aquellos que o bien no estudian o bien rinden poco pero que tienen que estar dentro del sistema educativo.

Por supuesto que nadie pide explicaciones de nada: el parlamento y los parlamentarios están al margen de la realidad, como si no fuera con ellos la cosa; y lo padres, que son quienes deberían pedir explicaciones, o bien a través de asociaciones de padres o bien a través del poder legislativo que en teoría debería representarles, se “dejan llevar” dejando a sus hijos en manos de los profesores o maestros, los cuales son “elegidos” de forma ideológica más que profesional, al menos en la enseñanza llamada pública, pues es sin duda la más ideologizada. Así, la imbricación de la confusión en la situación es total.

Es un dicho común que la “administración es una madrastra”, más que una madre, para con los profesionales de la educación: ni social ni administrativamente se les agradece nada. Los profesionales dicen, por lo general, que la administración los trata mal, pero hay que tener en cuenta que dicha administración no representa a dichos profesionales; es decir, la administración va por un lado y los profesionales van por otro.

La administración emana de las instituciones democráticas, o debería emanar de ahí; pero como tenemos una democracia partidista, hemos llegado a la paradoja de que son los partidos políticos quienes “controlan” la administración, y no sólo en educación sino en todos los aspectos. La administración, pues, es un apéndice del partido político turnante el cual, por supuesto, inocula su ideología: jamás, tal y como está planteado nuestro país en estos momentos, se va a analizar racionalmente ningún problema. La administración sirve para que sean “colocados”  los suyos, los de cada partido turnante, única y exclusivamente.

Pero por otro lado, en la educación están los profesionales que son la inmensa mayoría funcionarios. El concepto de funcionario moderno nace con el concepto de Estado moderno y va unido a él; el funcionario moderno no es el que hace funcionar la administración, sino el que forma parte orgánicamente del Nuevo Estado, al cual se le consideran unas virtudes ideológicas, y el funcionario tiene que predicarlas a la sociedad. La realidad social se divide, pues, entre Estado y Sociedad: el Estado es quien tiene la eticidad y la bondad, y la Sociedad es quien está al margen de dicha bondad, y son los funcionarios quienes han de “moldear” dicha sociedad desde los presupuestos de la ética o la bondad que le vienen dadas del Estado: es decir, no hemos salido de la ideología.

En el sistema educativo, y en la España actual, aún perdura dicha mentalidad: no es lo importante lo que uno haya estudiado o quiera estudiar, sino el “examen” que uno ha de “aprobar” para entrar en el Estado. Se da la paradoja, bien conocida por todos, de que una persona, en una facultad, puede haber sacado muy buena nota pues sus catedráticos lo consideran válido, pero después se ha examinado en “tribunales especiales”, formados por gentes que les interesa la “bondad del Estado”, y ha suspendido. La consecuencia es que la persona que “pasa” ese examen, de dudosa legitimidad profesional, es quien encuentra un trabajo para toda la vida y al margen del estatuto de los trabajadores, es decir, al margen del poder legislativo: el esfuerzo hecho en la Universidad no vale para nada o queda ninguneado y en segundo lugar por un “tribunal ad hoc” y cuyos examinadores no son miembros de ninguna universidad sino “funcionarios de ese Estado bondadoso”.

Así pues, los claustros de profesores están moldeados por la “ideología bondadosa” del Estado, lo cual se ha venido en llamar “educación pública”. Los que apelan a una “libertad en la educación” la plantean como “contraria” a la pública emanada del Estado, y la sitúan en la administración, la cual está controlada, a su vez, por los partidos políticos, lo cuales, sin duda, también inoculan su ideología.

Si, por un lado, tenemos al Estado que “envía” a sus funcionarios,  y por otro una “administración partidista”, es decir, manejada por los partidos ideologizados (los cuales, por supuesto, también apelan a su “bondad”), ¿qué nos queda de la educación? Y sobre todo, ¿qué dicen los padres, máximos responsables de la educación de sus hijos, incluido el nivel moral, del cual habla el artículo 27 de la Constitución?

Imaginémonos que unos padres, o tutores, de un niño quieren que éste tenga religión en la escuela llamada pública. Como la situación está tan imbricada, en sentido negativo, lo tienen bastante mal; veamos:

En primer lugar, la religión, se dice, no es una asignatura como matemáticas que todo el mundo da por asentado que tiene que ser obligatoria, y que de hecho es obligatoria. Que los profesores, en matemáticas, sean funcionarios o profesionales, al padre le da igual; es verdad, que en muchísimos casos tiene que buscar un profesional particular porque el funcionario no responde a las expectativas del padre, es decir, que el niño aprenda matemática.

En segundo lugar, los responsables de la administración, emanada de la “democracia partidista”, han dicho que la religión es algo confesional, con lo cual se la mete en el saco de lo privado; y como desde la democracia partidista se ha dicho que lo privado debe de estar fuera de lo público, sin aclarar qué sea lo público ni lo privado, el padre, que es un ciudadano, y por lo tanto público, queda alucinado, pues se le priva de un derecho “público”, que además está en la Constitución.

Los funcionarios, que han sido elegidos por “tribunales ad hoc”, identifican también lo público con su ser funcionarios, pues su poder emana del Estado, al cual se identifica con lo público por antonomasia; como la administración, controlada por el partidismo, ha dicho que la religión es privada, no entienden (los funcionarios) por qué ha de haber algo privado en lo público, pues, además, el artículo 27 de la Constitución ya  lo encarnan ellos en cuanto miembros orgánicos de dicho Estado.

En tercer lugar, exista una institución que es la Iglesia, que apela a los padres que quieren ese tipo de educación para sus hijos. La Iglesia no es una institución administrativa, por lo tanto no depende de ningún partido político, ni forma parte del Estado: en cuanto a su mensaje, apela a la “libertad de conciencia” que viene muñida en su propia fundación, y es la piedra angular de su Fundador; y en cuanto “libertad de conciencia” choca (igual que ha chocado a lo largo de los siglos) con el poder estatalista que anula dicha libertad de conciencia.

Pero en virtud de unos acuerdos entre el Estado y la Iglesia, ésta puede enviar a sus profesionales a la educación “pública”; claro está, subyacen dos concepciones de lo público radicalmente distintas, que ahora no vamos a analizar y que son fundamentales a la hora de interpretar lo que está pasando. El hecho es que la Iglesia “responde” a los intereses de lo padres en cuanto a la educación moral (¡los padres deciden!), cosa que no hace el Estado el cual lo da por supuesto al poner al “funcionario” y que a su vez coincide con el “poder administrativo-partidista”: con esto cree cumplir el artículo 27 de la Constitución.

En cuarto lugar, se da la paradoja, de que existen excelentes profesionales de la asignatura de religión que no pueden dar otras asignaturas dentro del claustro de profesores del cual son miembros de pleno derecho, pues los directores, que son funcionarios del Estado, tienen “órdenes” del poder administrativo-partidista de no dar “ni agua” a dichos profesionales. Por supuesto, tampoco se cumple con ellos el artículo 23,2 de la Declaración de Derechos Humanos: y todo ello por la diferente interpretación de lo público: con lo cual se da la paradoja de que se da una “nueva” discriminación entre las personas: la de “entrar” en lo público. Lo público, así, no es lo de “todos” sino lo de una “parte”.

Así pues, los padres o tutores, que quieren que sus hijos tengan una clase de religión, al igual que las matemáticas o la lengua o la educación física, se encuentran con un “pastel” que no desean. No pueden llevar a sus hijos a la concertada porque le cuesta más dinero del que ya pagan en la pública a través de los impuestos, y ven que la educación llamada pública se va deteriorando más y más. No he introducido el tema del “laicismo” aunque sea harina del mismo costal,  pues me alargaría aún más de lo que ya he hecho y he deseado; al igual que no he introducido el tema de la “gratuidad” de la enseñanza pública frente a la concertada, en la cual los padres pagan dos veces la educación, pues la “pública” no es gratis, al contrario de lo que dice la Constitución (art. 27,4).

Este ejemplo puede servir de base a cómo está la realidad española; de cómo sirve de enfrentamiento entre unos y otros; añadámosle el tema del nacionalismo, otro componente ideológico fundamental en Europa desde la época de wetfalia y que se ha introducido en España como por arte de magia, pues en España nunca hubo un nacionalismo tan radical como el que estamos viviendo y manifestado en los siglos XIX y XX, y tendremos, así, el caos en que vivimos.

Son tres, pues, las perspectivas que nos complican nuestro quehacer institucional: el Estado, cuyo “representante” es el funcionario; la “democracia partidista”, cuyos representantes son los grandes partidos nacionales y nacionalistas, que han copado toda la administración; y la propia sociedad que aún está al margen de las instituciones y sin representación, y extrañada de que se exijan “actos de fe” mediante tribunales especiales, tanto en el Estado como en los partidos, diferentes del propio esfuerzo de cada uno.

Aunque “estatalismo”, “democracia partidista” y “democracia parlamentaria” son tres dimensiones que podríamos identificar con tendencias políticas (izquierda, derecha y centro), la verdad es que las dos primeras están tan imbricadas que no se sabría dónde empieza una y acaba la otra. Sólo la democracia parlamentaria está al margen de las otras dos; quizás sea por eso por lo que se le ha hecho el vacío en nuestro país y quizás por eso los españoles seamos incapaces de solucionar nuestros problemas y de crear instituciones que sirvan de cauce a todos nosotros.

Sin duda, viene a cuento la expresión de Ortega y Gasset: “¡lo que nos pasa a los españoles es que no sabemos lo que nos pasa!”. Es la que mejor expresa no sólo el pasotismo de los españoles sino su propia indignación.

Antonio Fidalgo

Secretario de Ideología del CDS

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